El próximo 18 de agosto de 2021 entrará en vigor la ley rider, aprobada el 11 de mayo de 2021. El nuevo Real Decreto Ley 9/2021 afecta a los llamados falsos autónomos, que son personas que trabajan para una empresa, utilizando sus herramientas y siguiendo sus horarios, pero sin tener un contrato de trabajo y por lo tanto sin tener los mismos derechos que el resto de trabajadores de la empresa. Los riders, repartidores que trabajan para plataformas digitales como Glovo, entre otras, son un ejemplo de esta situación y en principio esta ley se ha diseñado para ellos, aunque existen diferencias de opiniones entre los mismos riders.

Pero la ley de riders y las empresas en general tendrán más vínculos entre sí, no solo afecta a las empresas de reparto. Si necesitas ayuda con este tema no dudes en contactar con nosotros. Estaremos encantados de asesorarte a través de nuestro servicio de consultas online en caso de dudas o conflictos con la nueva ley rider.

La figura del falso autónomo no es legal en España. Una persona que trabaja bajo las órdenes de una empresa, con sus herramientas y los horarios que designe, debe ser un trabajador contratado por la empresa, con los mismos derechos y obligaciones que el resto de trabajadores. Ello no ocurre con los falsos autónomos, algunas empresas les ponen como condición para trabajar para ellas que se den de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia, por lo que tendrán que pagar las cuotas y no tendrán los mismos beneficios que un trabajador con contrato. La ley rider obliga a las empresas a contratar a estas personas, aunque de momento se centra en los riders.

Pero los derechos y obligaciones de las empresas con la ley rider van más allá. Afecta a todas aquellas empresas que emplean sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre el reclutamiento de trabajadores, medir el rendimiento de los mismos, asignar tareas de trabajo o realizar envíos.

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En la actualidad, en España muchas empresas utilizan la inteligencia artificial para reducir costes y ser más eficientes. Aunque la empresa tiene la responsabilidad sobre todas las decisiones tomadas. Con la ley rider se introduce un nuevo artículo en el Estatuto de los Trabajadores que establece que estas empresas deberán informar a los representantes de los trabajadores sobre cuáles son los parámetros, las reglas y las instrucciones en las que se basan los algoritmos utilizados en la toma de decisiones que afectan a los empleados.

Son las mismas que la de los trabajadores diurnos. Deben cumplir con los pactos acordados en el contrato de trabajo, actuar con buena fe en referencia a la empresa, que también está protegida por leyes, y acudir a su puesto de trabajo de manera puntual o, si no le es posible, informar a la empresa. También deberá velar por el buen uso y mantenimiento de las herramientas de trabajo que le proporciona la empresa.

Los derechos de las empresas seguirán siendo los mismos, y deberán respetarse los acuerdos pactados en caso de contratación. El artículo 38 de la Constitución española señala que “Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad. Lo hacen de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”.